Durante marzo de 2017 explotó a nivel internacional un escándalo que en este mismo blog ya se había advertido constantemente y pueden encontrar en las entradas pasadas: la información personal de los usuarios en redes digitales que suele ser utilizada como una poderosa herramienta publicitaria.
¿A qué viene ese comentario introductorio? A que las menciones pasadas acerca de que Facebook es una base de datos mucho más valiosa que las propias agencias de inteligencia, ya que el sitio requiere de un gasto mucho menor en comparación a los recursos de espionaje que las segundas necesitan. Ahí es donde aparece en escena una empresa externa: Cambridge Analytica.
¿Qué es esta compañía? Si tantas notas solo te han confundido lo explicaré, como suele ser costumbre de la forma más digerible posible: se trata de una compañía privada que ofrece a sus clientes que los anuncios generados por ellos lleguen a un segmento de la audiencia muy específico con el objetivo de lograr campañas publicitarías muy exitosas.
Hasta esa descripción todo parece normal e incluso bastante común en esta clase de empresas. El escándalo se suscitó cuando se descubrió que a través del uso de aplicaciones externas esta compañía accedió a los datos personales de usuarios de Facebook para publicidad política, como se ha probado que sucedió en la campaña presidencial de Donald Trump.
El revuelo aumentó cuando se descubrió que en la lista de clientes se encontraban gobiernos de Latinoamérica, Europa y Asia haciendo pensar que probablemente muchas de las campañas proselitistas fueron promovidas hacía usuarios específicos basados en las preferencias de material que ellos decidieron seguir a través de las fanpages.
Rápidamente a esta filtración el dueño de Facebook Mark Elliot Zuckerberg se disculpó y anunció la implementación de nuevas medidas de protección para evitar que otras empresas vuelvan a usar con fines maliciosos la enorme base de datos que nosotros mismos le hemos proporcionado voluntariamente al sitio.
La reflexión ante esta noticia es necesaria, antes de la legislación internacional o de los gobiernos locales se requiere urgentemente una racionalización en la difusión de información personal por parte de los usuarios.
